Canal de Nicaragua, Indigenous Governments Petition Human Rights Body against Nicaragua, Map 8 Canal thru Rama El gobierno nicaragüense en conjunto con la Compañía de Inversión de Desarrollo del Canal de Nicaragua (una pequeña compañía propiedad del empresario chino Wang Jing sin conocimiento o experiencia conocidos, creados en 2012) busca desarrollar, construir y operar un canal de $40 mil millones de dólares a través de Nicaragua. El canal propuesto competiría con el Canal de Panamá conectando el Océano Pacífico con el Caribe, construido a través de los territorios indígenas Miskitu, Rama y Rama Criollo, y la República Popular China se convertiría en el principal beneficiario del transporte marítimo. Las naciones indígenas se oponen a lo que consideran un proyecto fraudulento autorizado por el gobierno nicaragüense controlado por los sandinistas que devastará sus territorios ancestrales, socavará sus culturas y empobrecerá a sus pueblos.
Lo que es bien reconocido como un proyecto de desarrollo del canal condenado a fallas financieras y medioambientales así como a la destrucción cultural de grandes proporciones, si se lleva a cabo no tiene un apoyo creíble para la administración, operaciones o financiamiento, excepto con la posibilidad del apoyo oculto de China. Algunos observadores han señalado que “el Canal de Nicaragua comenzará como una entidad no probada, sin poder competir en precio contra rutas establecidas a través de un canal existente que se ha visto funcionar relativamente bien”. El Canal de Panamá y la circunnavegación del extremo sur de África es reconocida como suficientemente económica para el comercio mundial. Solo el interés de China en barcos muy grandes, llamados Panamax demasiado grandes para el Canal de Panamá, parece justificar la construcción de este canal. Y, se puede notar además que simplemente construir el canal sin ningún futuro rentable beneficiará a Daniel Ortega y sus partidarios, asegurando la riqueza por generaciones. Además, si este es realmente un proyecto del gobierno chino que se esconde detrás de la codicia nicaragüense, entonces sería un claro beneficio económico y geoestratégico para la influencia china en Centro y Sudamérica.
El Centro de Estudios Indígenas del Mundo (CWIS por sus siglas en inglés) trabajó con otras organizaciones y en particular con MISURASATA durante la década de 1980 para asegurar la integridad política y cultural de las naciones Miskitu, Sumu y Rama contra los ataques de una década del gobierno sandinista de Nicaragua que mató a más de 10,000 indígenas mientras se defendían ellos mismos. Los sandinistas han logrado un control autoritario sobre Nicaragua y han estado aplicando políticas de desarrollo que promueven el enriquecimiento personal de los sandinistas a expensas y destrucción de las naciones indígenas. Las naciones Miskitu, Rama y Rama Creol han buscado durante años defenderse contra el saqueo nicaragüense y los estragos en su contra, y ahora se han movido para buscar sanciones internacionales contra el gobierno de Daniel Ortega.
El gobierno de Nicaragua, encabezado por Daniel Ortega, no respondió a un desafío multinacional ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el cual su gobierno está acusado de intentar confiscar territorios indígenas Miskitu, Rama, y Rama Kriol para beneficio privado y beneficiar al gobierno de la República Popular de China. Nicaragua y China buscan arbitrariamente tomar tierras y recursos en las regiones ancestrales de los pueblos indígenas Miskitu, Rama y Kriol para construir el Gran Canal Interoceánico de Nicaragua en total desprecio del principio internacionalmente reconocido de que los pueblos indígenas deben primero ejercer su consentimiento en todos los asuntos que afecten sus intereses. Nicaragua ha ignorado su deber de acuerdo con la Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre Derechos Indígenas (2014), donde acordó respetar el principio del consentimiento libre, previo e informado para las acciones del gobierno estatal que afectan los intereses de los pueblos indígenas. A falta de la respuesta de Nicaragua a una petición presentada por los gobiernos indígenas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para exigir que Nicaragua se rija por el principio establecido internacionalmente, la Comisión abrió un caso contra Nicaragua.
El 25 de junio de 2018 fueron notificados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) los señores: Steve Martin Cuthbert, miembro del Pueblo Indígena Mískitu de Tasbapounie; Rupert Allen Clair Duncan, de la etnia Kriol, Presidente del Gobierno Comunal de Monkey Point, y Vocal del Gobierno Territorial Rama y Kriol (en adelante GTR-K); Santiago Emmanuel Thomas, miembro del Pueblo Indígena Rama, también Miembro del GTR-K; y Nora Newball, Coordinadora del Gobierno Comunal Creole de Bluefields (GCCB), sobre la apertura del caso Numero 13.615 en vista que el estado de Nicaragua no presentó respuesta a su Petición en contra del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua (GCIN). Así mismo la CIDH también se pone a disposición de las partes con el fin, de ser el caso, llegar a una solución amistosa.
El caso se origina con la presentación del Presidente Daniel Ortega de la iniciativa para la aprobación de la Ley No. 840 que otorgó la concesión del GCIN a la Empresa Hong Kong Nicaragua Canal Development Investment Co., Limited (HKND) sin licitación alguna, sin la debida consulta y por ende sin el Consentimiento, Libre, Previo e Informado (CLPI ), requerido en el caso de los pueblos indígenas y afrodescendientes, a pesar que 52% de la ruta del GCIN ha sido planificada sobre los territorios histórica y tradicionalmente propiedad de estos pueblos ubicados en la RACCS.
El Estado de Nicaragua tituló en el año 2009 el territorio Rama y Kriol, sin embargo, la Autoridad del GCIN pretende usurpar el corazón del territorio Rama y Kriol (263 Km2) del que este pueblo dependen su subsistencia; esto por medio del llamado“Convenio de Consentimiento Previo, Libre e Informado para la Implementación del Proyecto de Desarrollo del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua”. Tal Convenio, establece el periodo del arrendamiento de manera perpetua o “indefinida” lo que en la práctica constituye una usurpación velada; y además fue obtenido por medio de la amenaza, coacción y la cooptación de autoridades del GTR-K, en detrimento de la autonomía y autodeterminación de este pueblo, faltando así entre otros, a la Buena Fe que según el Convenio 169 de la OIT deben observar los Estados en este tipo de procesos.
Así mismo, el Presidente Daniel Ortega el 29 de octubre de 2016 entregó a un gobierno paralelo al GCCB, conformado por miembros de su partido, un irregular título de menos del 7% del territorio reclamado por la Comunidad Negra Creole Indígena de Bluefields (La CNCIB) entonces en proceso de titulación de su territorio tradicional amparado por la Ley 445. Por medio de la creación del gobierno paralelo, primero: debilitan las instituciones tradicionales de La CNCIB a la vez que, en violación al debido proceso legal elaboran el título, dejando por fuera el 93% de la tierra reclamada por La CNCIB para facilitar así la ruta del GCIN, evitando a la vez, la realización del proceso de consulta a La CNCIB en la ruta del GCIN. Segundo: proceden a la usurpación de la posición de la representante étnica Creole en la Comisión Nacional de Demarcación y Titulación (CONADETI) legalmente elegida para que miembros del gobierno paralelo tomaran parte en la elaboración del irregular título de solamente el 7% del territorio reclamado.
Los miembros de estos pueblos indígenas y afrodescendientes llevaron el caso ante la CIDH en el año 2014, y entre entonces y el año 2016, interpusieron 16 Recursos de Amparo ante la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua (CSJ), órgano facultado por la Constitución Política de la República de Nicaragua para tutelar los derechos humanos y las libertades fundamentales de los ciudadanos; sin embargo, la CSJ aún no ha dado respuesta a algunos de los recursos y los que ha decidido lo ha hecho en contra de estos pueblos, en varios casos mal interpretando los hechos y las normas; y hasta fallando contra de ley expresa.
Los Peticionarios esperan que el Estado de Nicaragua reflexione y en esta oportunidad responda ante la CIDH de acuerdo a la normativa Constitucional nacional e internacional de promoción y protección de los derechos humanos de estos pueblos.
Dra. María Luisa Acosta
Coordinadora
Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas (CALPI)
Cell: (505) 8853-3285
Skype: maria.acosta42
http://www.calpi-nicaragua.org
https://www.facebook.com/pages/Calpi-Centro-de-Asistencia-Legal-a-Pueblos-Ind%C3%ADgenas/157327680951910
VIDEO: We Do Not Consent!/ Sin Consentimiento! (No Estamos de Acuerdo)
El vídeo muestra los testimonios de autoridades y líderes indígenas denunciando la falta de consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas y afro descendientes en el Territorio Rama y Kriol de la Costa Caribe de Nicaragua ante el interés gubernamental para la construcción del Canal Interoceánico de Nicaragua. Documental de 26 minutos en inglés y castellano.
y en: https://www.calpi-nicaragua.org/we-do-not-consent/
VIDEO: “The Golden Swampo” muestra el contexto del intento del Estado de Nicaragua de usurpar las tierras tradicionales de la Comunidad Negra Creole Indígena de Bluefields, para facilitar el paso del Canal Interoceánico por Nicaragua en la Región Autónoma Costa Caribe Sur de Nicaragua. Largometraje de 55 minutos en inglés y castellano.
Disponible en: https://www.calpi-nicaragua.org/the-golden-swampo/
The library is dedicated to the memory of Secwepemc Chief George Manuel (1921-1989), to the nations of the Fourth World and to the elders and generations to come.
access here
When you sign up for our newsletter